FGR investiga a jueza por caso Pegasus

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la apertura de una carpeta de investigación contra la jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, luego de que la magistrada desechara la solicitud de vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano —exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República— por su presunta participación en la compra irregular del software de espionaje Pegasus en 2014.

Investigación de la FGR se intensifica

Razones detrás del expediente

De acuerdo con un comunicado oficial, los fiscales consideran que la resolución de la jueza vulnera la administración de justicia. Tras casi dos años y medio de dilaciones, la FGR presentó pruebas sobre cinco delitos que van desde uso indebido de atribuciones hasta asociación delictuosa, sustentados en auditorías y peritajes periciales. El desechamiento del caso motivó la apertura de una pesquisa que podría derivar en sanciones penales y administrativas para la juzgadora.

Perfil de la jueza investigada

Trayectoria y casos previos

Domínguez Santos, licenciada en Derecho por la UNAM y jueza federal desde 2017, ha llevado procesos clave de alto impacto, incluyendo causas relacionadas con delincuencia organizada y corrupción. Abogados consultados destacan su historial de sentencias polémicas, entre ellas la liberación de un exfuncionario aduanal acusado de contrabando en 2022. Sin embargo, hasta ahora no se habían iniciado procedimientos formales en su contra.

Antecedentes del caso Pegasus en México

Costos, irregularidades y actores clave

El software Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, fue adquirido en 2014 por la PGR por aproximadamente 460 millones de pesos. Desde 2021, múltiples investigaciones periodísticas revelaron su presunto uso para espiar a periodistas, activistas y políticos de la oposición. La exoficial mayor Gómez Molano figura como pieza central: la FGR le imputa haber autorizado la compra sin procesos de licitación y bajo supuestos de confidencialidad infundados.

Implicaciones legales y políticas

Repercusiones para el Poder Judicial

Expertos en derecho penal señalan que la indagatoria contra una jueza en funciones es inusual y eleva la tensión entre el Poder Judicial y la Fiscalía. Si se acredita una actuación dolosa, el Consejo de la Judicatura Federal podría suspenderla e incluso destituirla. En paralelo, organismos de la sociedad civil advierten que la pesquisa también pone a prueba la independencia judicial y podría sentar precedentes sobre la rendición de cuentas de los jueces en casos de corrupción.

Próximos pasos en la investigación

Plazos y escenarios posibles

La FGR dio un plazo de 30 días hábiles para recabar testimonios de personal de juzgados, cotejar videograbaciones de la audiencia donde se desechó la vinculación y analizar las resoluciones previas de Domínguez Santos. De hallarse elementos suficientes, la fiscalía buscará formular imputación ante un juez de control distinto. Mientras tanto, organizaciones de derechos digitales exigen que se garantice transparencia en el proceso y se esclarezcan las irregularidades que propiciaron la adquisición del spyware.

«A pesar de todas esas pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la jueza decidió no vincular a proceso a la exfuncionaria» — Comunicado oficial de la FGR

El caso Pegasus continúa ampliando su impacto en México: además de procesos penales en curso, la Secretaría de la Función Pública analiza responsabilidades administrativas, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) investiga violaciones a la protección de datos personales. El seguimiento de la prensa y la presión de organizaciones civiles han sido factores decisivos para mantener la investigación en la agenda pública.

Contexto internacional

Pegasus ha estado en el centro de escándalos globales que obligaron a gobiernos en Francia, España y la India a abrir investigaciones similares. México destaca por ser uno de los primeros países latinoamericanos que adquirió el sistema de espionaje, lo cual ha generado un debate sobre la necesidad de regulaciones más estrictas para la compra de tecnología de vigilancia.

Reacción de la sociedad civil

Colectivos como R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19 celebraron la decisión de la FGR, señalando que el escrutinio judicial debe extenderse a todos los actores involucrados en la compra y uso de Pegasus. Sin embargo, advirtieron que la investigación debe conducirse con apego a los principios de autonomía y debido proceso.

A medida que avance la investigación, quedan abiertas preguntas cruciales: ¿qué funcionarios autorizaron realmente las compras ilegales?, ¿hubo complicidad de proveedores internacionales?, y ¿hasta qué punto se espió a objetivos no autorizados? Las respuestas serán determinantes para frenar la impunidad y fortalecer los mecanismos de control sobre recursos públicos en materia de seguridad.

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